INICIA DEMANDA
Sr. Juez:
………., Abogado apoderado,inscripto …….., domicilio electrónico ……………..…. CUIT Resp. inscripto, correo electrónico ………………., constituyendo domicilio legal en la calle …………………, a V.S. respetuosamente me presento y digo:
I.- PERSONERÍA
Que vengo en nombre y representación del Señor ………………. Domiciliado en …………………pcia de …………, conforme justifico con copia del Poder General para Asuntos Judiciales ………………, …………..
II.- OBJETO
Me presento en legal tiempo y forma a interponer demanda contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, para que V.S. anule las resoluciones administrativas ……… y Nº …………… las que deniegan a mi poderdante el beneficio de “Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del conflicto bélico de las Islas Malvinas”, conocida también como “Pensión Social Islas Malvinas”, de acuerdo a lo que expresa la Ley Provincial Nº 12.006, y S.S., en particular la Ley Nº 13.980, norma esta que otorga el derecho invocado en el caso específico de JUAN PÉREZ.
Se deniega dicho reclamo por no cumplir con el artículo 2º inciso “a” de la Norma aplicable, o sea no acreditar domicilio en Provincia de Buenos Aires al momento del Conflicto Bélico, y aquí cabe recordar que la norma aplicable, Ley 12.006 Art. 2º inciso “a” no requiere domicilio en Provincia de Buenos Aires el 2 de Abril de 1982, sino “con anterioridad” a esa fecha, y tampoco “anterioridad inmediata”, lo quedo establecido en varias causas entre ellas los precedentes “Maidana, Rolando Ramón” del JCA Nº 1 de La Plata, y “Reynoso, Vicente Luis” del JCA Nº 4 de La Plata, entre otras .
A la fecha de dicha resolución original ………………….. ya se habían producido una serie de fallos a favor de dar por cierta el domicilio del peticionante en cuanto a la residencia en la Provincia de Buenos Aires … aunque el IPS decide lo contrario
De todas formas, con anterioridad al 2 de Abril de 1982 el domicilio de Juan Pérez, particular y familiar, entre ……………………………………………….. era en la calle ……………………. de la localidad de ., Provincia de Buenos Aires ……………………, conforme el Certificado del Registro nacional de Electores ……….. 
III.- HECHOS
A.- Vida y residencia en la Provincia de Buenos Aires
Aquí relatamos cada uno de los hechos que tengamos conocimiento por nuestro cliente, donde vivió, domicilios exactos en la Provincia de Buenos Aires donde residió, con documental si es posible que respalde, etc…… ………..constan domicilios en ……………, donde reside desde el año ……hasta la fecha.
Todo lo manifestado hasta aquí es para dar por acreditado el Artículo 2º inciso “a” de la Ley 12.006 y modificatorias, o si fuera el caso la Ley 13.980.
Del Certificado de Servicios Militares del Ejercito Argentino ……………… donde se hace constar que prestó servicios en:
Entre …………… en la Escuela de Suboficiales ……..” asentada en ……;
[
Todos destinos asentados en la Provincia de , lo que suma ……… años de servicios en territorio provincial, más allá de que el Sr.  no es residente de Buenos Aires.
Téngase presente además que los  nunca pueden ejercer su libre voluntad personal respecto de la elección del lugar de trabajo. Son destinados allí donde sus servicios sean requeridos, incluso pueden ser enviados a destino en otras provincias pero el requisito de residencialo cumplió.
B.- Evolución cronológica del beneficio de pensión
El día 9/10/1997 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la Ley Nro. 12.006, que crea el beneficio de “Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del conflicto bélico de las Islas Malvinas”, conocida también como “Pensión Social Islas Malvinas”, de carácter mensual y vitalicio, para soldados conscriptos ex combatientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hayan participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de Abril y el 14 de Junio de 1982 en el denominado Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.), o aquellos que hubieran entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.), y civiles que cumplieran funciones en los lugares donde se desarrollaron las mismas. El art. 2 de dicha Ley expresa que: “”.
Pérez no pudo gozar del beneficio que esta ley otorgaba ya que la misma no incluía a Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas, cualquiera fuera su situación de revista, baja voluntaria, retiro o en actividad, lo cual a nuestro juicio constituyó la primera lesión a sus derechos, ya que dicha categorización excluyente constituye una “discriminación entre iguales”, puesto que todos son “ex combatientes”, sin importar si lo eran en calidad de conscriptos, civiles, de carrera, de baja, retirados o en actividad. Prueba de esto es que este beneficio otorga un monto dinerario uniforme a todos los “excombatientes”, no importando grado, jerarquía, actividad, incluso si el beneficiario es personal civil.
Estas prestaciones que se otorgan en reconocimiento del acto de entrega y sacrificio realizado por la Patria representando en este caso a la Provincia Bonaerense, están orientadas a la asistencia y protección de los Veteranos de Guerra, condición esta que poseen todos, sin distinción de Jerarquías ni funciones desempañadas.
Esto se manifiesta al ser reconocidos uniformemente por una Norma a nivel Nacional, pero sin embargo no pudieron acceder al beneficio que otorga la ley Provincial 12.006/97, por las razones anteriormente mencionadas, situación de grave discriminación que se mantuvo por doce (12) años hasta el 18 de Mayo de 2009, cuando entra en vigor la Ley 13.980 (sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 21 de octubre de 2004), modificatoria de la Ley 12.006 y S.S., y que en su artículo 1º determina:  y en el artículo 2 la ley determina: 
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre (art. II);
Convención americana de derechos humanos (art. 24);
Pacto internacional de derechos civiles y políticos y su protocolo facultativo (art. 26);
Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, incorporada a nuestro ordenamiento interno en forma automática por el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, pero además refrendada por la Ley 27.360 del año 2017.
En virtud de estas normas, los Estados firmantes se obligan a garantizar la igualdad de las personas ante la ley, prohibiéndose todo tipo de discriminación. Por otra parte se reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social. El artículo 1º del Pacto de San José de Costa Rica (aprobado por ley Nacional 23.054) obliga a los estados parte a respetar los derechos y libertades de toda persona, sin diferencia de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición social. En su artículo 24 establece que: “”.
Este principio también está consagrado en el artículo 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que dice: “”.
En ese sentido, el destacado constitucionalista Germán Bidart Campos señala que: “” (“Tratado de Derecho Constitucional Argentino”, autor citado, Tomo I p. 389, Ed. 1995).
La jurisprudencia del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación tiene establecido que: “” (CSJN, Fallos 266:19).
En definitiva, se está denegando a mi poderdante un beneficio de pensión por el solo hecho de no tener domicilio, según los parámetros de evaluación del IPS, en la Provincia de Buenos Aires al momento de sanción de una norma que en intención del Legislador, “”, pero imponiéndoles un “requisito obstáculo” que finalmente derivaba en lo opuesto a lo que se tenía intención de lograr.
:
Pérez inicia el reclamo administrativo el día … Noviembre de XXXXXX
Posteriormente recibe las resoluciones administrativas ya mencionadas, lo que da lugar al presente reclamo Judicial.
IV.- DERECHO
Ampara el derecho de mi defendido:
1.- Artículo 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional de la República Argentina.
2.- Artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
3.- Artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
4.- Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo.
5.- Artículo 1º de la Ley Nacional 23.592 contra “Actos Discriminatorios”.
6.- Artículos 10, 11, 36 Inciso 10 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
7.- Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, incorporada a nuestro ordenamiento interno en forma automática por el art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, pero además refrendada por la Ley 27.360 del año 2017.
V.- JURISPRUDENCIA
Respecto a este caso, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha fijado su posición en casos líderes como lo son, para el inciso “a” los fallos:
“Fochesatto Eduardo Orlando c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria” Causa Nº 12.702, y “Gauto Juan Gerardo c/ Provincia De Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria” Causa Nº 7249
Otros precedentes de instancias anteriores son las causas resueltas en favor de los reclamantes, que cito:
Causa 50938 “Sini Carlos Jorge c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Pretensión anulatoria - Previsión”, del JCA Nº1 de La Plata.
Causa 57896 “Benitez Daniel Emiliano c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Pretensión anulatoria - Previsión”, del JCA N2 de La Plata;
Causa 40647 “Maidana Rolando Ramon c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Pretensión anulatoria - Previsión”, del JCA Nº 3 de La Plata,
Causa 22345 “Castro Lucas Marcelo c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Pretensión anulatoria - Previsión”, del JCA N4 de La Plata, entre otras.
VI.- DOCTRINA
La que emana de las citas ya realizadas en el acápite VI, y de las cuales podemos agregar las siguientes: “”. Finalmente ha de subrayarse la consideración otorgada por el constituyente a los veteranos de guerra de Malvinas.
Así, el art. 36 inc.10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que (Causa Nº 12702 carátula “Fochesatto Eduardo Orlando c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión anulatoria - Previsión” - Agustín López Cóppola, Juez de Primera Instancia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Bahía Blanca).
Abundando, la jurisprudencia es clara en casos análogos al de mi cliente, desde los cuales extraigo los siguientes párrafos: “”... Asimismo, el citado cuerpo normativo enuncia en su art. 90 inc. 2 que “”…(…) “ ‘animus’.  [el resaltado es nuestro].
El  ”. “”… (Causa Nº 12702 - “Fochesatto Eduardo Orlando c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión anulatoria - Previsión” - Agustín López Cóppola, Juez de Primera Instancia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Bahía Blanca).
Del mismo tribunal: “” (C.S.J.N., Fallos 249:37; 302:1284; “Itzcovih” 29-lll-2.005).
“” (El subrayado es mío, Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. IX 28).
.
En ese derrotero, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de Nación ha sostenido que “” (C.S.J.N., Fallos 249:37; 302:1284; in re “Itzcovih” sent 29-lll-2005, el destacado me corresponde). (el apaisado es propio).
Por último, y como a nuestro entender por todo lo expuesto no corresponde denegar el beneficio a PÉREZ por no poder demostrar su domicilio en el ámbito de la Provincia al momento del conflicto de Malvinas, descartando documentación y argumentos expuestos oportunamente por él nombrado ante el IPS, interpretando de forma errónea la norma o dándole un sentido contrario al que el legislador tuvo en miras, violando así el principio constitucional de razonabilidad y el principio “”, solicito a V.S. que revoque las resoluciones recurridas, ordenando al Organismo Previsional el otorgamiento del beneficio previsto por la Ley 13.324, el que deberá ser liquidado desde los dos años previos a la presentación ante el IPS del reclamo inicial conforme texto de la Ley 12.006, con los intereses respectivos a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, más los costos y costas del proceso.
VII.- PRUEBA
A.- DOCUMENTAL
Se adjunta la siguiente documentación:
Copia del Poder General para asuntos judiciales y administrativos otorgado por el Sr. Pérez - en el caso que se acomp. poder y no patrocinio-.
Copia de la resolución administrativa número año y fecha de notificación de la misma.
Copias de DNI o de cualquier otra documental que acredite domicilio en Provincia y fecha del mismo.
Copia de Certificado emitido por el Registro Nacional de Electores donde consta domicilio en el año 1982 en XXXXXXXXXXXXXXX, Provincia de Buenos Aires.
Acta de Nacimiento donde consta el mismo en la misma localidad Bonaerense de XXX (si es que nació en la Provincia)
Copia de la Constancia de Inicio del trámite ante IPS en el año XXXXX
Copia del Certificado de Servicios Militares emitido por el Ejército Argentino o la fuerza a la que haya dependido donde consta destino de Pérez antes y después del Conflicto de Malvinas en diferentes destinos militares asentados en la Provincia de Buenos Aires.
Constancia de CUIL/CUIT .
Copia del DNI del Sr. Juan Pérez.
B.- DOCUMENTAL EN PODER DE LA DEMANDADA
1.- Expediente Administrativo en poder del IPS Nº XXXXXXXXX y alcance 001.
VIII.- RESERVA DEL CASO FEDERAL
Para el hipotético caso que no se hiciera lugar a lo requerido por esta parte, y teniendo en cuenta que se estarían afectando las garantías constitucionales de propiedad e igualdad ante la ley dejo planteado expresamente el Caso Federal, previsto en el art. 14 de la Ley 48, para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
IX.- AUTORIZACIÓN
Se autorice al Dr. XXXXXXXX, a compulsar el expediente, retirar copias y documentación, presentar escritos, efectuar desgloses, extraer fotocopias, dejar nota en el libro de asistencia, acudir a audiencias, presentación y desglose de escritos y comprobantes, contestaciones de demanda, peritajes, mandamientos, oficios y/o exhortos, testimonios, como asimismo al diligenciamiento de cédulas libradas bajo el régimen de la Ley 22.172, y demás documentos que fueran menester.
X.- PETITORIO
Por todo lo expuesto a V.S. solicito:
1.- Se tenga por presentado, por parte, y constituido el domicilio legal.
2.- Se tenga por constituido el domicilio electrónico.
3.- Se ordene el traslado de la demanda a la contraria por el término de Ley.
4.- Se tenga presente la reserva del Caso Federal planteado en el punto IX del presente.
5.- Que encontrándose el actor comprendido/a dentro de las disposiciones de la Ley 12.200, solicito se conceda el Beneficio de Litigar sin Gastos con el alcance establecido en el art. 84 del C.P.C.C.
6.- Se haga lugar a la demanda, condenando a la contraria a otorgar el beneficio de pensión solicitado, con retroactividad a dos años antes de haber presentado su solicitud en sede administrativa, conforme los recientes precedentes de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, de Diciembre de 2020, “Serenelli Eduardo Nestor c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Pretensión anulatoria - Previsión” - Causa 25010, “Cisneros Silvia Beatriz c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Pretensión anulatoria - Previsión” - Causa 23630, “Vara Julio c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Pretensión anulatoria - Previsión” - Causa 24756, y otras similares, al 12/11/2013 (habiendo iniciado el reclamo el 12/11/2015), con expresa condenación de costas a la vencida e intereses regulados a tasa que corresponda.
Proveer de conformidad
SERÁ JUSTICIA