AMPARO POR MORA EN LA ADMINISTRACIÓN. ACOMPAÑO CON EL PRESENTE UN MODELO DE DEMANDA BASE
Juzgado Contencioso Administrativo 1 -La Plata
Datos del Expediente
Carátula: XXXXXXXX C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) S/ AMPARO POR MORA
Pasos procesales: 
Fecha: … - Trámite: DEDUCE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SUMARIO:
ACTOR: 
DEMANDADO: Instituto de Previsión Social (IPS)
MATERIA: Amparo por Mora.
DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA: Fotocopia de DNI, telex de expediente administrativo Nº 021557-XXXXXXXXX20-000.
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INTERPONE AMPARO POR MORA
Señor Juez:
…, DNI ………….., con domicilio real en calle……………….., Pcia. De Buenos Aires con el patrocinio letrado del …………, Abogado…….. del CALP, Responsable inscripto al Monotributo, CUIT ……………, constituyendo domicilio procesal en la calle …………. de la ciudad de la Plata y domicilio electrónico en 484834929@notificaciones.scba.gov.ar a V.S. nos presentamos y decimos:
1.- OBJETO:
Que vengo por la presente a interponer demanda de AMPARO POR MORA contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio en calle 47 Nº 530 e/ 5 y 6 de la ciudad de La Plata, con la finalidad de que V.S. dicte la correspondiente orden judicial de pronto despacho en las actuaciones administrativas Nº ………………………. (Art.76 de Código Contencioso).
Consecuentemente, desde ya solicito se fije plazo que V.S. considere prudente para que la demandada dicte al acto administrativo correspondiente a tales tramitaciones, resolviendo la pretensión incoada por esta parte.
2.- ANTECEDENTES (O HECHOS):
El día XXXXXXXXXXXX, se inició un trámite administrativo bajo expediente Nº 021557ZXXXXX20-000, ante el Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual solicitó se conceda su derecho de obtener la resolución que acepta y reconoce la jubilación definitiva.
Que pese a haber transcurrido más de XXXXXXXX meses desde el inicio de las actuaciones administrativas referidas, el Organismo demandado sigue sin dar respuesta al pedido del agente que oportunamente se notificó de la resolución en fecha XXde XXXXX de XXXX con el correspondiente alta al pago pero se liquida incorrectamente y se presenta la disconformidad y posterior reclamo al organismo demandado.
El reclamo fue ante el demandado y desde el XXX de XXXXX de X XXX jamás fue resuelto generando la no percepción de sumas de dinero correspondiente. El reclamo está identificado por el Nº XXXXX.
Resulta ilógico y escandaloso que habiendo transcurrido más de un (1) año desde el inicio del expediente, la demandada aún no se haya expedido sobre la correspondiente disconformidad. Tales conductas deben cesar de una vez por todas, y por ello es que se recurre ante V.S.
Se hace constar que de la consulta realizada por sistema web de IPS, figura como último movimiento un pase al XXXXXXXXXXXX de fecha XX de XXXXXXX de 20XXX. Es decir, que el expediente se encuentra sin ningún movimiento útil estancado desde hace más de XXXXX SEMANAS XXX.
3.- DERECHOS VULNERADOS. SOLICITA AL MOMENTO DE RESOLVER SE LIBRE ORDEN DE PRONTO DESPACHO. SE FIJEN ASTREINTES:
Sobre el particular cabe destacar que el Art. 1 del decreto ley 7647/70 prevé la aplicación supletoria de la ley de procedimiento administrativo en aquellas tramitaciones con regímenes especiales. Así, el plexo normativo de aplicación subsidiaria determina en su artículo 77 los plazos a cumplir por la administración en la tramitación de un expediente administrativo, siempre que no exista un plazo expresamente estipulado por las leyes especiales o por la propia ley de procedimiento administrativo.
Por otra parte, dicho ordenamiento prescribe que el procedimiento administrativo se impulsa de oficio (art.48), que las autoridades que tuvieran a su cargo el despacho deben adoptar las medidas oportunas para que la tramitación no sufra retrasos (art.50), generando el incumplimiento de los plazos, la responsabilidad imputable a los agentes directamente a cargo del trámite o diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección y fiscalización (art. 80). Ello por cuanto los plazos administrativos son obligatorios para las autoridades públicas (art 71).
En este contexto, no puedo dejar de resaltar la implicancia que en este tema tiene la obligatoriedad de la competencia y del plazo en el marco del procedimiento administrativo, el derecho de peticionar ante las autoridades (art. 14 de la Constitución Nacional y art. 14 de la Constitución Provincial) y, fundamentalmente el derecho al debido procedimiento adjetivo, el cual acarrea no solo la posibilidad de poder acudir ante la Administración en procura de un reclamo que se considera justo, sino también el deber de esta de dar respuesta expresa y oportuna a tal presentación.
El ilegitimo accionar de la administración (en este caso del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL) afecta con su incumplimiento los siguientes derechos y principios legales, a saber: “” (El control de la inactividad formal de la Administración, Cassagne Ezequiel, Thomson La Ley, página 2).
Otro de los principios aquí vulnerados es el Principio de legalidad. Rasgo distintivo por excelencia del Estado de Derecho. Se ve afectado en este caso ya que el Organismo Estatal demandado desconoce los plazos establecidos por la ley de procedimiento administrativo.
Asimismo, y en consonancia con lo anteriormente expuesto, en el presente se vulnera lo previsto en los artículos 71 y 80 del decreto Ley 7647/70, en donde se establece que los plazos administrativos obligan por igual y sin intimación previa a las autoridades administrativas, funcionarios públicos e interesados involucrados en el procedimiento. Por su parte el artículo 80 establece que El incumplimiento injustificado de los términos o plazos previstos para el despacho de los asuntos administrativos, genera responsabilidad imputable a los agentes directamente a cargo del trámite o diligencia y los Jerárquicos a cargo de la fiscalización de los mismos.
Por último, pero no menos importante hay que destacar el Derecho de Defensa imperante en nuestro ordenamiento jurídico. Cabe destacar aquí entonces lo expuesto por la Doctrina al respecto: “”. (Derecho Administrativo, Roberto Dromi, Ed. Ciudad Argentina, octava edición Bs As. año 2000, pág. 855).
Consecuentemente, a V.S. solicito que en el momento procesal oportuno fije plazo dentro del cual la demandada deberá dictar el acto administrativo definitivo que dé respuesta al pedido realizado por esta parte actora relativo a su derecho jubilatorio; imponiendo las costas que generen tales actuaciones a la administración que, con su renuencia en resolver, me ha conducido a esta situación.
Es por lo expuesto que solicito también a V.S sirva disponer lo necesario a fin de fijar astreintes en caso de incumplimiento por la demandada a la sentencia que se dicte en autos y la consecuente orden de pronto despacho. En cuanto al monto de los astreintes, esta parte solicita se designe perito de estilo para su fijación, quedando al buen criterio de V.S el mismo.-
4.- IMPOSICIÓN DE COSTAS AL DEMANDADO:
Se reitera so riesgo de ser redundante que LOS PLAZOS se encuentran vencidos en exceso por propia desidia del Instituto de Previsión Social, obligando a quien suscribe a recurrir ante V.S en busca de una pronta solución en pos del resguardo de sus derechos.
Por ello considero que en el expediente mencionado y en las presentes actuaciones hay una marcada posición del Organismo demandado de retrasar el dictado de la resolución que concede la jubilación solicitada, y consecuentemente los pagos del haber correspondientes, colocando a mi persona en situación de indefensión. Por ello, y conforme todo lo expuesto es que corresponde la imposición de costas a la accionada. Considerar lo contrario es validar una conducta contraria a los principios más básicos del derecho como es la buena fe y la equidad entre las partes en un proceso judicial.
Es de destacar que la Administración Central tiene por obligación realizar todos los medios necesarios para que los trámites que inician los administrados no sufran dilaciones innecesarias o infundadas. La SCBA ha dicho: “El dec. ley 7647/1970 de la ‘Ley de Procedimiento Administrativo’ aplicable al caso en virtud de lo dispuesto por los arts. 1º del citado decreto y 4º del Código Fiscal (t.o. 1999) establece el principio de impulsión de oficio de la tramitación (art. 48, dec. ley 7647). Incumbe, pues, a las autoridades encargadas de su despacho adoptar las medidas oportunas para evitar retrasos (art. 50, dec. cit.). Ello es así, por cuanto, además, los plazos administrativos son obligatorios para las autoridades públicas (art. 71, dec. cit.).- La actitud omisiva de la autoridad demandada lesiona de tal modo el derecho de defensa de las reclamantes, que se integra con el derecho a obtener una decisión no sólo motivada, sino también oportuna y que en el ámbito del procedimiento deviene una obligación de la Administración inherente al principio del debido proceso adjetivo que lo informa (arts. 15, Constitución provincial; 103, 108 del dec. ley 7647/1970; doctr. causas B. 64.984; B. 64.199; B. 64.837, antes citadas y B. 65.322, ‘Viera’, sent. del 1IX2004)” (sentencia del 3 de noviembre de 2004, causa B. 66.552, “San José Sud Mouriño S.A. y otros contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Rentas). Amparo por mora”).
La SCBA, también ha expresado -en causa B91514-: “”. [SCBA LP B 66468 S 13/04/2005 Juez SORIA (SD), “Ortiz Basualdo, Fermín María José c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Rentas) s/ Amparo por mora)”, Magistrados Votantes: Soria, Kogan, Pettigiani, Roncoroni, Hitters].
Por los motivos expresados y por la jurisprudencia y derecho citado solicitamos que las costas sean a cargo de la demandada, ya que de lo contrario -de fijarse por su orden- deberé afrontar injustamente el pago de honorarios y costos judiciales que se generaron por exclusiva responsabilidad de la administración.
5.- PLANTEO SUBSIDIARIO:
A.- Para el caso que en el transcurso de este proceso se acredite que el expediente administrativo no se encuentra en estado de ser resuelto y que aún resta el cumplimiento de trámites o actos preparatorios necesarios, solicito que V.S. condene a la demandada, fijándole prudencialmente el plazo dentro del cual debe llevar a cabo tales diligencias previas y dictar la resolución final que decida acerca de lo peticionado.
6.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS:
Solicito a mi favor el beneficio de litigar sin gastos que otorga la ley 12.200 en sus art.1º y 2º, que comprendida en forma implícita en el artículo 15º de la Constitución Provincial establece “”.
7. PRUEBA:
a. DOCUMENTAL:
- Copia del DNI.
- Poder .
- Informe de pantalla de expediente administrativo
- Número:………
b. DOCUMENTAL EN PODER DE LA DEMANDADA:
Al INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL de la Provincia de Buenos Aires a fin que remita a estos autos el expediente administrativo Nº 021557-XXXXXXXXX o copia certificada del mismo.
8.- PLANTEO DE CASO FEDERAL:
Dejo expresa reserva del caso Federal normado en el artículo 14 de la Ley 48 atento a los derechos de índole constitucional que se controvierte, dado que de no hacerse lugar mi reclamo se estarían conculcando mis derechos constitucionales de propiedad (art. 17 CN), acceso a la justicia y debido proceso legal (art. 18 CN).
9.- DERECHO:
Fundo la presente demanda en las siguientes normas.......
10.- AUTORIZA:
Que autoriza ………….. a tomar vista, solicitar préstamo de expediente, dejar nota, notificarse, presentar escritos y toda otra gestión relacionada con los presentes autos.
11.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito provea de conformidad el presente petitorio:
a) Se me tenga por presentado en el carácter invocado, parte y por constituido el domicilio procesal indicado y electrónico denunciado.-
b) Oportunamente se haga lugar a la presente acción con costas a la demandada.
c) Se fijen astreintes para el caso de incumplimiento del plazo que establezca V.S.
d) Se otorgue el beneficio de litigar sin gastos previos en la ley 12.200 art. 1º y 2º
e) Se tenga presente la reserva del caso federal.
f) Se tenga presente la autorización conferida.
g) Se haga lugar a la petición de
Proveer de conformidad,
SERÁ JUSTICIA